Recientemente, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona desarticulaba una red criminal que vendió 25 toneladas de productos fitosanitarios sin autorización, por un valor de 400.000 euros. Bajo el nombre de “Dusku”, la operación se saldó con siete detenidos y fue consecuencia de otra anterior en la que se hallaron 26 toneladas de esos productos no regulados en Irún (Gipuzkoa), Arenales del Sol (Alicante) y Castres (Francia).
Elaborar legalmente un fitosanitario es complejo y caro. Conscientes de ello, y de la necesidad que existe en un país agrícola como España de usar este tipo de productos, hay personas que se dedican a este tráfico ilegal. Una práctica a la que quiere poner coto la Guardia Civil a través del Seprona. En solo tres campañas de inspección, se ha incautado de 100 toneladas de pesticidas ilícitos y se ha detenido a 38 personas.
De estas inspecciones, y de la problemática en general de los fitosanitarios ilegales, da buena cuenta Efeagro a través de un reportaje que gira en torno a tres ejes fundamentales.
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Perjuicio económico y sanitario
Usar fitosanitarios no autorizadas puede causar un impacto en la seguridad y en la salud de los ciudadanos, así como del medio ambiente. Una actividad ilícita que en un primer momento estaba tipificada como un delito contra la propiedad industrial y contra la salud pública, combatiendo a redes dedicadas a las copias ilegales o falsificaciones de marcas, con el consiguiente perjuicio económico para las empresas de fabricación y suministro legales.
En 2022, a este tipo de prácticas se añadieron los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. El motivo, la presencia de sustancias desconocidas en la composición del pesticida que pueden conllevar riesgos no deseados. Aunque sus efectos sobre nuestro hábitat no se perciban de inmediato (como sí ocurre en la alimentación), a medio y largo plazo pueden ser muy graves.
El delito de riesgo catastrófico completa el listado de infracciones cuando el producto no esté almacenado en las condiciones exigidas por la normativa de seguridad que regula el sector, una de las más exigentes para el almacenamiento, la comercialización y la aplicación de fitosanitarios. Cabe destacar la obligación de todas las personas que manipulen o apliquen estos productos de llevar EPIs, tener una mínima formación y disponer de un carné de usuario profesional.
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Modus operandi
Según se detalla en el citado artículo, la distribución ilícita de estos productos se suele realizar de dos maneras:
- Mediante adquisición ilegal: sin autorización para venderse y usarse en España
- Mediante la compra de los componentes por separado: aquí los formulan o mezclan sin ningún control y posteriormente los distribuyen ->Una formulación “casera” que conlleva riesgos
En ese sentido, expertos del UCOMA destacan la complejidad de fabricar legalmente un fitosanitario, pudiendo transcurrir hasta cinco años desde que una empresa decide desarrollarlo hasta que está listo para su venta. Resulta fundamental manipularlos y usarlos adecuadamente para que, además de eliminar plagas, no sean perjudiciales para la salud ni el medio ambiente. La UE es la encargada de limitar las sustancias que no se pueden utilizar en la formulación de los fitosanitarios y elaborar la lista de los componentes activos permitidos.
En cuanto a la procedencia de los productos adquiridos ilegalmente o de los componentes que las redes adquieren a granel para formularlos en la UE sin control oficial, destacan países asiáticos, como China o India, pero también, latinoamericanos.
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Campañas de inspección realizadas por el Seprona
- 2.021 – Silver Axe VI: 952 inspecciones, 576 infracciones administrativas y 9 penales, 5 detenidos o investigados y unas 10 toneladas de productos ilegales incautadas.
- 2.022 – Silver Axe VII: 1.084 inspecciones, 480 infracciones administrativas y 21 penales, 10 detenidos y 23.653 kilos incautados.
- 2.023 – Arís: 3.203 inspecciones, 785 infracciones administrativas y 59 penales, 23 detenidos o investigados y 61.661 toneladas intervenidas.
- 2.024 / 25: Ahora el Seprona lleva a cabo una acción bianual cuyos resultados no se han cerrado.
Aunque las penas por estos delitos no son muy altas, la directiva de la UE sobre delitos medioambientales que entrará en vigor en mayo de 2026 facilitará el trabajo de los agentes y, a la vez, permitirá condenas más contundentes.
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