Tras la entrada en vigor, el pasado 16 de diciembre, de la Directiva de Vigilancia del Suelo de la Unión Europea, los Estados miembros tienen ahora un plazo de tres años para convertir esa normativa en Ley Nacional del Suelo. Ante este calendario, Diario del Campo ha recogido las principales consideraciones del informe elaborado por el catedrático de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, David Badía.
Según señala dicho documento, el objetivo de esta directiva -también llamada Ley de Monitoreo del Suelo- es evaluar, vigilar y mejorar la salud y resiliencia del suelo. Un primer marco jurídico común en la Unión Europea, como los que existen desde hace años para la calidad del aire, el agua y el medio marino.
En la actualidad, se estima que el 75% de los suelos del territorio europeo están degradados. Con esta ley, se pretende revertir la degradación del suelo, garantizar su resiliencia y asegurar su capacidad para prestar servicios ecosistémicos, de forma que en el horizonte del año 2050, los suelos de toda la Unión Europea estén sanos.
Por suelos sanos se entiende aquellos que están en buen estado químico, biológico y físico, y que, por tanto, pueden proporcionar servicios ecosistémicos vitales para los seres humanos y el medio ambiente (alimentos seguros, nutritivos y suficientes, biomasa, agua limpia, ciclo de los nutrientes, almacenamiento de carbono y un hábitat favorable a la biodiversidad)
La directiva incluye una serie de fases enfocadas a lograr dicho objetivo:
- Establecer un muestreo por unidades de suelo con métodos estandarizados
- Generar archivos de suelo (edafotecas) donde queden almacenadas, al menos temporalmente, un subconjunto representativo de las muestras
- Establecer un portal digital de datos (georreferenciados y de acceso público) sobre la salud del suelo, con base en una caracterización y evaluación periódica de descriptores o propiedades (físicas, químicas y biológicas) de los suelos.
El proceso de elaboración de esta Directiva de Vigilancia del Suelo se remonta a 2002. Ahora, los Estados miembros disponen de tres años para transponer la Directiva a su legislación nacional y de seis años para presentar el primer informe.
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