La Política Agraria Común (PAC) vinculará el cobro de las ayudas al cumplimiento de las reglas laborales. Una innovación enmarcada en la “condicionalidad social” de las subvenciones y que cuenta con el beneplácito de sindicatos y expertos. En su opinión, supone una oportunidad para imponer en el campo una nueva cultura de la prioridad en la prevención de riesgos y accidentes.
El incumplimiento de estas normas laborales se penalizará con recortes de las subvenciones del 3% al 100% en España, donde se aplicará en 2024, un año antes que en el resto de Europa (en 2025 será obligatoria en toda la UE). De acuerdo con la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT), las sanciones aumentarán proporcionalmente según el número de trabajadores afectados y la reincidencia.
A pesar de que la medida ha sido bien recibida por sindicatos y empresarios, las organizaciones agrarias lamentan que se esté “criminalizando” la imagen del agricultor, porque “ya existen convenios y herramientas que garantizan las buenas prácticas”. Así lo informa Efeagro tras consultar las partes implicadas.
Valoración de empresas y sindicatos
En declaraciones a la citada agencia de noticias, el responsable de proyectos del Centro Internacional de Estudios Agronómicos Avanzados del Mediterráneo (Ciheam), Alun Jones, ha manifestado que “la condicionalidad social es una oportunidad para implantar una nueva cultura de la prevención e implica que los agricultores incluyan la seguridad laboral en su lista de prioridades”.
A juicio de Jones, -autor de un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo que ha diagnosticado los múltiples riesgos laborales en el campo-, ello implica que van a tener que conocer mejor “sus obligaciones hacia sus empleados y también hacia ellos mismos, al tratarse de la protección laboral”. No obstante, asegura que ésta no es la materia prioritaria, ya que en España las cooperativas están contribuyendo a una mejora en este ámbito.
También el responsable adjunto del sector agroalimentario de la Federación de Industrias de CCOO, José Fuentes, ha calificado de “gran logro” la condicionalidad social. Aunque reconoce que su aplicación “no será fácil”, sí la considera necesaria para avalar la responsabilidad social corporativa (RSC) de las empresas que exportan los alimentos españoles. Del mismo modo, echa en falta alusiones al trabajo de los inmigrantes.
Más críticos se han mostrado desde el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (COPA-Cogeca). Su vicepresidente, Pedro Gallardo, (Asaja) ha manifestado que la condicionalidad “no puede ser impuesta”, recordando que en España ya existen convenios provinciales que regulan la relación entre empresarios y trabajadores. Bajo su punto de vista, es una forma de estigmatizar a los empresarios, al tiempo que se pretende aplicarles unos criterios que puedan suponer dejar de percibir un porcentaje de la ayuda como si fueran “esclavistas”.
Aunque digitales como Agroinformación se hacen eco de la noticia centrándose en la opinión de sindicatos y empresas, el referido artículo de Efeagro también pormenoriza otros asuntos relacionados, como su aplicación en España, la siniestralidad y los beneficios de la normativa.
Cabe destacar que la agricultura emplea a 752.200 ocupados en España, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que indica que en 2022 este sector registró un descenso de 86.900 trabajadores y una bajada del paro del 9,6%.
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