El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), celebrado en Luxemburgo, ratificaba el acuerdo sobre la Política Agraria Común (PAC). Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, esto “supone poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental”.
Este acuerdo tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones.
Según fuentes ministeriales, en esta ocasión España «ha cubierto sus objetivos, tanto en la negociación del Marco Financiero Plurianual, primero, como en la negociación específica de la PAC», y podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un contexto de descenso del 15 % del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de la UE.
Pese a esta satisfacción mostrada por el ejecutivo central, desde el Gobierno de Aragón, el consejero del ramo, Joaquín Olona, hubiera preferido “que la agricultura familiar y profesional hubiese contado con el mismo apoyo y ambición del que las instituciones europeas han hecho gala en materia medio ambiental», tal y como recoge Radio Huesca. En opinión del consejero, aunque el acuerdo no impide la consecución de los objetivos marcados desde Aragón, tampoco los va a facilitar. Asimismo, confía en que el amplio margen de flexibilidad que la UE concede a los Estados miembros se sepa aprovechar en España para que la nueva PAC beneficie a la agricultura familiar, a los agricultores profesionales y, en definitiva, a quienes más necesitan el apoyo a las rentas, problema fundamental de los agricultores.
Alcanzado este primer acuerdo, ahora los Estados miembros deberán elaborar un Plan Estratégico para adaptar la aplicación de la PAC a su realidad, teniendo en cuenta las necesidades y problemas específicos de los diferentes modelos de agricultura, una de las aspiraciones que ha venido defendiendo España. El consejero no cuestiona la necesidad de avanzar en la integración ambiental de la agricultura. Sin embargo, estima que “esta integración, por sí misma, no implica necesariamente ni que la situación de los agricultores mejore ni que las ayudas se concentren en los agricultores profesionales y las explotaciones familiares tal y como defendemos desde Aragón”.
