Esta semana comenzaban las negociaciones entre la Comisión Europea (CE), y la Eurocámara es sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). El objetivo: su aprobación a finales de año.
Sobre la mesa, las propuestas de los Planes Estratégicos nacionales, el de la organización común de mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas. Cuestiones que cuentan desde finales de octubre con la aprobación de los ministros de Agricultura de la UE y del Parlamento Europeo.
Una vez finalicen los diálogos tripartitos, también conocidos como “trílogos”, comenzará el proceso de aprobación de los reglamentos y los Estados deberán finalizar sus planes estratégicos nacionales.
Tal y como publica EFE Agro atendiendo a la información difundida desde el Ejecutivo europeo, durante la fase de negociación los tres organismos van a poder presentar sus posiciones sobre los elementos clave de los tres reglamentos y acordar las modalidades de trabajo y el calendario indicativo que se aplicarán a los siguientes diálogos políticos a tres bandas y a las reuniones técnicas preparatorias.
La Comisión considera que la PAC “es una de las políticas centrales” del Acuerdo Verde Europeo y, por lo tanto, está dirigiendo el proceso al más alto nivel en estrecha coordinación con otras esferas políticas, según afirma a través de un comunicado. Es por ello que al primer encuentro, celebrado el pasado martes, 10 de noviembre, asistieron el vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, y el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski.
Mejorar la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, fomentar el desarrollo y la energía sostenible y asegurar una gestión eficiente de los recursos son algunos de los objetivos de la futura PAC, que también contempla contribuir de forma más activa a la protección de la biodiversidad, mejorar los ecosistemas y preservar los hábitats y paisajes.
En cuanto a las novedades, cabe destacar los “ecoesquemas”, un instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente. Tal y como explicaba agroinformación.com, el pasado 24 de octubre, no será obligatorio, pero no cumplirlo costará entre un 20 y 30% de lo que se está cobrando ahora.
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