Tras su paso por el Consejo de Ministros el pasado 3 de noviembre, a la renovada Ley de la cadena alimentaria le queda ser sometida a debate y a la propuesta de las enmiendas en el Congreso, tal y como publica Efe Agro.
Un intercambio de pareceres que se producirá en base a las opiniones de los actores principales de este proceso (representantes del sector primario, la industria o transformación y del sector servicios o distribución), que ya pudieron presentar sus alegaciones al texto del anteproyecto en julio.
Según añade por otro lado 20 minutos, con las actualizaciones de la ley realizadas en febrero y las que ahora van a las Cortes Generales se avanza en el compromiso del Ejecutivo de modificar esta norma para impulsar un reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la misma, fomentar la transparencia en la formación de precios y proteger a los eslabones más débiles en la cadena.
Así las cosas, la renovada norma completa los cambios inaplazables introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020 de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, al tiempo que añade al ordenamiento nacional la Directiva europea 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
Concretamente, prohíbe la venta a pérdida o destrucción del valor de los productos a lo largo de toda la cadena e introduce la obligatoriedad de que el precio pactado entre el productor y su primer comprador cubra, como mínimo, lo que se ha denominado “costes efectivos de producción” y se plasme en los contratos escritos.
En declaraciones a Efe Agro, las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA reconocieron que esta ley no va a ser la varita mágica que solucione los problemas del sector, pero creen que son cambios imprescindibles sobre los que hay que trabajar.
Las tres organizaciones profesionales agrarias (OPAs), que junto a las Cooperativas Agro-alimentarias representan al eslabón más débil de la producción, presentaron de forma conjunta una serie de alegaciones al borrador del anteproyecto de la Ley de la cadena. Entre ellas, instan a que la nueva norma incluya en su ámbito de aplicación a las operaciones comerciales agroalimentarias con el canal de la hostelería y restauración, ahora excluidas, y que se prohíba al comercio la venta a pérdidas aun cuando esa práctica no se traslade a los eslabones anteriores.
En cuanto a los partidos políticos, ya tienen perfilada su posición respecto a la Ley de la cadena y en la anterior Comisión de Agricultura, tal y como publicaba Efe Agro el pasado 29 de octubre, ya avanzaban algunas de sus futuras propuestas tras ser rechazadas todas las enmiendas al Real decreto-ley 5/2020.
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