El Consejo de Ministros aprobaba este jueves un real decreto-ley que incluye un paquete de medidas para el ámbito agrario ante la actual situación de sequía. En total, suman un impacto económico de 784 millones de euros. Así lo detallaba el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior, tal y como recoge el propio ministerio en nota de prensa.
En el marco de estas medidas, destacan las ayudas directas al sector primario, que superan los 636 millones de euros. El desglose es el siguiente: 355 millones de euros para los sectores ganaderos cárnico y lechero; 276,7 millones para la agricultura y 5 millones para la apicultura. Según destacaba Planas, con ello pretenden asegurar la continuidad productiva del sector primario, al tiempo que defendía la necesidad de aliviar las cargas de los agricultores y ganaderos ante la actual situación de sequía.
Asimismo, se contempla la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más afectados por la falta de lluvias y las altas temperaturas. Se trata de una ayuda aplicable a las pólizas que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero. En total, esta línea de apoyo ascenderá a más de 358 millones de euros en 2023.
Más allá de estas ayudas directas, el decreto ley también contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y de la Política Agraria Común (PAC) en las que están implicados seis ministerios. Solo las medidas en materia agraria (MAPA) y de aguas (MITECO) están valoradas en unos 2.190 millones de euros.
Por ejemplo, en materia fiscal, el decreto fija la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las propiedades de los titulares de explotaciones que hayan sufrido en 2023 una caída del rendimiento de al menos un 20 % en zonas con limitaciones naturales o un 30 % en el resto.
En el ámbito financiero, se amplía en 20 millones de euros la dotación para la bonificación de créditos de una línea de créditos ICO-MAPA-Saeca y en 3 millones los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), necesarios para la obtención de esos préstamos.
Dentro del capítulo socio-laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, y en el hidráulico, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua, que será del 50% si el descenso de la dotación es entre el 40% y el 60%, y del 100% si supera ese 60%.
Finalmente, en cuanto a la aplicación de la PAC, el MAPA establecerá los criterios para que las autoridades puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas por la sequía. Se amplía hasta el próximo 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes de la PAC, de manera que los agricultores dispongan de más tiempo para decidir sobre sus cultivos.
En definitiva, un amplio abanico de medidas adoptado por el gobierno para hacer frente a la prolongada sequía que ha impactado de lleno en el sector agropecuario español. Y es que, según se explicaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022, hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5% inferior al promedio de este periodo.
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