La Dirección General de Tributos de la Agencia Tributaria publicaba una aclaración sobre los efectos en módulos de la no convalidación del Real Decreto-ley 9/2024, en relación con los efectos para la aplicación del Régimen simplificado y del Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca (REAGP) en el ámbito del IVA. La aclaración establece que los límites vigentes en los ejercicios 2016 a 2024 para la aplicación de ambos regímenes se mantienen en 2025.
En opinión de los sindicatos agrarios, aunque esto ha supuesto un “balón de oxígeno”, no es suficiente, ya que sólo tendrá efecto para este año, de forma que si no se legisla para mantener los límites actuales de 250.000€ para la aplicación del régimen simplificado y el REAGP, se volverá a los 150.000€ establecidos previamente. Así lo manifiestan desde la organización agraria a través de una nota de prensa de la que se han hecho eco numerosos digitales y que comienza así. “Se ha conseguido parar el reloj, pero necesitamos una solución que sea definitiva”.
UPA tilda de “incomprensible” el rechazo del Congreso al RD Ley 9/2024 y exige al Gobierno y al resto de grupos “altura de miras y que logren acordar un procedimiento para asegurar que el límite se mantendrá en 250.000€ y no en 150.000€”. Asimismo, recuerda que este decreto prorrogaba, para 2025, los límites para ambos regímenes; algo que se aplica desde 2016, todos los años, elevando el límite de ingresos de 150.000 a 250.000€. La organización considera fundamental modificar este límite, ya que el régimen de módulos agrarios (IRPF) y el REAGP del IVA van unidos. Y concluye: “los agricultores tienen que estar en los dos sistemas, no se puede estar en uno sí y en otro no”.
En definitiva, desde UPA abogan por que se aumente también el límite del REAGP a los 250.000€, tal y como se ha fijado el límite de ingresos en módulos del sector agrario. Lo contrario –añaden-, imposibilita la participación en el sistema de aquellos que superasen los 150.000€ de ingresos. Una reivindicación que quedó plasmada en el Acuerdo de apoyo al campo firmado por UPA hace un año con el Ministerio de Agricultura, que exige para su cumplimiento un apoyo parlamentario suficiente.
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